La realización de la Supercopa alcanzó esta semana límites delirantes, conocidas las exigencias adicionales impuestas por la autoridad política a la ANFP, para que el partido entre Colo Colo y Universidad de Chile se juegue en el estadio La Portada de La Serena, el próximo sábado 25 de enero. A saber: que asistan solo hinchas de los clubes que vivan en la Región de Coquimbo, que una buena parte del recinto no sea ocupado, que las delegaciones de los equipos no alojen en las ciudades de la conurbación y que se aplique un sistema de reconocimiento facial al ingreso, entre otras.
Delirante es un adjetivo que en este caso tiene un vuelo poético, para no resultar grosero con los involucrados de lado y lado. Pero la situación alcanzó ciertos grados de alucinación cannábica con el pliego de exigencias de la Delegación Presidencial de Coquimbo y de esa entelequia orwelliana llamada ‘Estadio Seguro’, con las que el fútbol chileno podría perfectamente pasar a ser una materia de estudio académico por lo deplorable de su condición (hay varias otras razones también).
Ha sido tan displicente, desprolijo e ineficiente el desempeño de la dirigencia del fútbol este último quinquenio, respecto de proporcionar seguridad al público en los estadios, reducir los riesgos de incidentes entre barristas y otorgar garantías de sistemática preocupación por el tema a la autoridad, que sin darse cuenta, o acaso voluntariamente, los clubes le entregaron como si nada el control de sus propios espectáculos a terceros, que originalmente eran entidades complementarias.
La cesión de “los derechos de llave” del fútbol al estamento político, personificado en un comienzo por el intendente regional, derivó en que las decisiones de programar los partidos las terminaran adoptando funcionarios del gobierno de turno, que suman y restan con la calculadora electoral, y multiplican y dividen según la cantidad de apariciones en los medios y RRSS. En palabras simples, transformaron al fútbol en un instrumento para hacer proselitismo, con el fundamento argumental de que la seguridad de la ciudadanía era un interés superior. (Otrosí: sería coherente que esta diligente conducta hacia los espectáculos futbolísticos de la autoridad competente, se extendiera a otras circunstancias cotidianas de la vida en las que la integridad física y mental de la gente también corre peligro, por ejemplo, transitar con tranquilidad por la calle).
Cuando la programación de los partidos pasó a definirse en el amasijo gubernamental, se terminó de joder lo poco que le quedaba de esencia al fútbol nacional: el simple y natural acto del aficionado de asistir libremente a un encuentro entre dos clubes, sin tener antes que entregarle poco menos que un escáner cerebral a un controlador que, además de usar los datos personales para vaya a saber qué propósitos, finalmente decide si uno puede o no ir al estadio.
En manos de la política ordinaria, el campeonato dejó de ser organizado en Quilín y el dispositivo ejecutor de los partidos pasó a ser digitado desde esas inextricables reparticiones burocráticas llamadas Delegaciones Presidenciales, donde cada delegado regional opera como un reyezuelo que se coordina con la autoridad policial para poner las mayores cortapisas posibles a los sumisos solicitantes, con el objeto de que no se puedan cumplir las exigencias, no se haga nada y no haya ningún tipo de consecuencia por la que responder.
El costo político-social de la autoridad regional tampoco ha sido mucho que digamos, atendiendo el hartazgo del aficionado con la continua suspensión de los partidos, la atrofiada musculatura organizacional de la mayoría de los clubes y la distante afinidad que tiene este directorio de la ANFP para poder negociar con altos personeros del gobierno del Presidente Boric, declarado hincha de Universidad Católica al que parece interesarle más la partida de Alfonso Parot del club que el problema estructural de la actividad.
Entonces, hoy tenemos a un fútbol chileno sometido a la autoridad policial que vive desbordada por la delincuencia, y que ve que tener en un mismo estadio a los barristas de Colo Colo y la U es un riesgo mayor que puede minimizar con exigencias irrisorias, y a un poder político que delira con resquicios burocráticos, para no enfrentar el problema de raíz y quedar en evidencia como otro órgano gubernamental tan ineficaz como ha sido la ANFP.
Es lo que hay, por ahora. Y no sería sorpresa que la Supercopa se termine postergando por motivos ‘técnicos’. Tampoco se haga mucha ilusión a futuro, si es que llegan nuevos operadores tras las elecciones presidenciales de noviembre. Como dijo la ex mandataria de la República, a la que cualquier problemática del fútbol poco y nada le importó, “cada día puede ser peor”.
