Los clubes chilenos creen haber encontrado la solución a la violencia desatada de los delincuentes-barristas en los estadios: sacar la billetera.
Como el criterio imperante en el fútbol chileno es unívoco -solo persigue el dinero-, los controladores de los clubes encontraron la fórmula mágica para resolver la violencia: hay que pagarle a Carabineros para que retorne a los estadios y controle a los vándalos y violentistas que impiden el normal desarrollo del ‘espectáculo’ que brindan los equipos.
En esta propuesta alternativa -ilegal, por cierto-, los clubes omiten que los ‘espectáculos’ que se han visto suspendidos, interrumpidos, prohibidos y un largo listado de impedimentos, se ha debido a que ellos, como organizadores, no han sido capaces de ofrecer la seguridad a la mayoría de los asistentes que va a presenciar los partidos, sin el ánimo de causar desórdenes o cometer delitos.
La propuesta de pagarle a Carabineros los costos operativos es inmoral, por la óptica simplista, por la presentación pueril, por el fundamento que deja al descubierto. Los dirigentes quieren externalizar la responsabilidad de proveer y garantizar seguridad al público como si fuera un servicio comercial más, como si Carabineros fuera una empresa de subcontratistas, cuando lo que les cabe a los clubes, no solo porque organizan sino que porque usufructúan de lo que producen, es hacerse cargo de la manera decidida del problema; además, por una cuestión de sobrevivencia, porque de por medio está la integridad física y mental de la gente, la que mantiene el negocio.
El argumento que ellos son clubes de fútbol y que no les corresponde ni están preparados para combatir la violencia y confrontar a los delincuentes-barristas, ha sido enarbolado dogmáticamente, para sacudirse de la incompetencia que han demostrado desde hace décadas. Las otras razones que exponen, que cumplen todo lo que les pide la Delegación Presidencial, los propios Carabineros y Estadio Seguro, e incluso que hasta se exceden en las medidas preventivas, tampoco son procedentes en la realidad. Si lo han hecho, lo han hecho mal, porque los incidentes al interior de los estadios prosiguen sistemáticamente y en casi todas partes.
Antes de que los clubes saquen la billetera, tienen que atreverse a pedir formalmente por algo que no les cuesta ni un peso, aunque sí valentía y voluntad política: la disolución de las barras. Sacarlas legalmente de circulación mientras una reforma a ley de Violencia en los Estadios establezca un nuevo y riguroso control de los derechos y obligaciones de estas dudosas asociaciones de hinchas.
Los clubes deben dejar de reconocer como institución a estas agrupaciones, tratarlas como meros espectadores, no otorgarles a sus líderes facilidades ni familiaridad con las estructuras del club, prohibirles ingresar cualquier ‘elemento de animación’ y terminar con una serie de otras prebendas que con el tiempo se han ‘ganado’ en virtud a un apoyo sistemático, indiscutible, pero también bajo amenazas y presiones.
Antes de solventar el gasto operativo de Carabineros, que los clubes abran sus billeteras para implementar una base de datos seria e integrada de todos quienes concurren a los partidos de local, para instalar más arcos detectores metálicos en los recintos, para proveer el aparataje de controles biométricos en los accesos de los recintos -asegurándose de que esta información no se utilizará para otros fines-, para disponer de capacitación a sus propios funcionarios de seguridad y para potenciar un departamento legal que persiga a los delincuentes que cometen delitos dentro y en las inmediaciones de los estadios con motivo de los partidos que cada equipo juega de local, con el objeto de buscar una sanción civil o penal de la justicia.
Para eso, los clubes tienen que establecer en sus presupuestos bastante más que el 1% de los gastos, como se puede comprobar en declaraciones de los estados financieros de muchos clubes de ambas divisiones.
Solo una vez que admitan que han sido indolentes e irresponsables con los espectadores y la sociedad, todos estos controladores de clubes que ahora lloran y se lamentan por la falta de fuerza pública al interior de los estadios, podrían con autoridad moral reclamar que se modifique la ley para que Carabineros regrese para prevenir y actuar.
El dinero que estos propietarios de clubes se han llevado para su bolsillo, a costa de ser negligentes e impunes, no remedia de un día para otro lo que han dejado de hacer. Y menos devuelve las vidas o los daños irreversibles que ha sufrido gente inocente.
