Con los efectos del cambio climático cada vez más tangibles, varias empresas y países han puesto sus esfuerzos en impulsar proyectos más ecológicos y sostenibles a largo plazo, siendo una de las áreas más exploradas la de producción de hidrógeno verde.
En este escenario, el gobierno de Uruguay desarrolla una de las iniciativas más ambiciosas en la materia, la cual también sería la mayor inversión extranjera en el país. Se trata de un megaproyecto que tiene por objetivo producir combustibles sintéticos a partir de dióxido de carbono e hidrógeno verde que, sin embargo, enfrenta múltiples críticas de las comunidades vecinas, las cuales exigen que se reubique.
Ambicioso megaproyecto en Uruguay entra en conflicto con las comunidades
De acuerdo a lo recopilado por Infobae, la administración de Uruguay desarrolló un acuerdo con la empresa HIF Global, firma controlada por la chilena AME, con el fin de desarrollar un proyecto de gran dimensión para elaborar hidrógeno verde a 5 kilómetros de Paysandú, en la zona norte del país a orillas del río Uruguay.
La iniciativa implicaría una inversión superior a los $6.000 millones de dólares para instalaciones emplazadas en un terreno de 442 hectáreas, lo que generaría al menos 3.000 empleos directos para su puesta en marcha, proyectada para 2026.
Sin embargo, la obra ha levantado señales de alarma entre las comunidades aledañas, las cuales solicitan que se reubique, ya que perjudicaría irremediablemente uno de los principales sectores económicos de la zona: el turismo; además de afectar la visual de la región y su ecosistema.
Este argumento fue respaldado por el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, quien señaló “es intención mía y de mi gobierno que la población potencialmente afectada por la instalación de este u otros proyectos a la vera del río Uruguay cuenten con la información ambiental necesaria y sean tenidas en cuenta a los fines de crear las condiciones para un desarrollo económico, social y ambiental consensuado y armonioso”, rescató el citado medio.
La autoridad también confirmó que desarrolla las “gestiones necesarias para activar el mecanismo de consulta previsto por el Estatuto del Río Uruguay, en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)”.
