La Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) vinculó a la diputada Catalina Pérez, suspendida actualmente de Revolución Democrática (RD), como culpable de tráfico de influencias en el caso de Democracia Viva.
Según dio a conocer el diario La Tercera, en un expediente de 60 páginas, Pérez aparece como una de las responsables en la entrega de $426 millones por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, ONG vinculada a RD.
“Conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre ésta y Andrade Schwarze”, se lee en el expediente del 19 de julio que tiene la PDI.
En esa misma línea los policías apuntan a que “fue Contreras quien invitó a participar, a través de convenios a las fundaciones Democracia Viva, TomArte, ProCultura y Fibra, pese a que personal de la Seremía le hicieron saber de la poca experiencia de la fundación Democracia Viva para desarrollar el programa de asentamientos precarios”.
Una de las primeras testigos en declarar ante la PDI fue Marietta Méndez, funcionaria a honorarios de la Seremi que se desempeñaba como Analista del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura. El 30 de junio relató ante los detectives que “los primeros días de mayo del presente mes el exseremi me muestra una carta realizada por funcionarios de Serviu”.
Esta carta estaba “dirigida a la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Tatiana Rojas, que señalaba que había maltrato de Carlos Contreras contra funcionarios del Serviu. Señalan, además, que les parece extraña la forma en que él había elegido las cinco nuevas fundaciones que participaban en el programa de asentamientos precarios”, agrega.
La funcionaria agrega que “llamaba la atención que en una de las fundaciones nuevas estaba la pareja de la diputada por esta región, Catalina Pérez. Y que había un gasto en arriendo de $54 millones autorizado por la Seremi para la Fundación ProCultura”.
