Los funcionarios del sector público se clasifican en dos grandes grupos según la modalidad de su contratación: indefinida y a plazo fijo. Los primeros pueden gozar de múltiples beneficios, además de mayor estabilidad, mientras que los segundos tienen un vínculo laboral con un límite fijado y susceptible de su actualización.
Hoy en día, más de la mitad de los funcionarios están contratados bajo plazo fijo, lo que implica a 146.883 personas, donde la mayoría acumula al menos cinco años de servicio. Todos, según el criterio de “Confianza Legítima” de la Corte Suprema, reunirían las formalidades para solicitar su renovación automática.
Miles de trabajadores del sector público podrían apelar por la renovación de sus contratos
El tema generó atención el pasado noviembre, cuando la contralora, Dorothy Pérez resolvió mediante un dictamen la abstención de la Contraloría General de la República (CGR) respecto de las renovaciones de contrata en el sector público y el principio de “Confianza Legítima”, un hecho que levantó las alertas en las organizaciones de funcionarios.
Bajo este criterio, la CGR establecía la condicionante de dos renovaciones anuales consecutivas sin interrupciones, mientras que la Corte Suprema fijaba un límite de cinco años. Con el último dictamen emitido, los funcionarios que cumplan los requisitos deberán acudir a la justicia para apelar sobre la condición de su contrato, debido a que la CGR no se referirá a estos casos.
Según cifras del Ministerio de Hacienda, recogidas por El Mercurio, de los más de 146.000 trabajadores bajo plazo fijo, el 28% suma entre 5 a 10 años de servicios y otro 26% acumula 10 años o incluso más.
Cabe destacar que, el personal con contrato indefinido o de dotación, conforma de manera oficial la administración del Estado, por lo que, únicamente en casos de sumario, pueden desvincularse.
