Los devastadores incendios forestales de Valparaíso cumplen un año, revelando un lento actuar de las autoridades y de la reconstrucción de las viviendas destruidas por la acción del fuego. En este contexto, son varios los residentes de la zona quienes han solicitado respuestas y ayuda para mejorar su situación y, con ello, sus hogares.
Uno de los hechos que ha generado mayor indignación se presentó estos días, cuando una vecina de El Olívar, Marlene Vargas, denunció la falta de apoyo estatal en la reconstrucción de su casa y que un funcionario municipal le aconsejó separarse de su marido para acceder a los beneficios.
Estas son las maniobras implementadas para acceder a beneficios del Estado
Algunas de las tácticas implementadas para ser uno de los beneficiarios de las múltiples ayuda que ofrece el Estado fueron:
- Separarse de su pareja en el Registro Civil
- Modificar la ficha del Registro Social de Hogares
- No declarar los convivientes son a
Al respecto, el abogado y presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Polítidca (ACCP), Hugo Cofré, explicó a El Mercurio que, este tipo de hechos “es más común de lo que uno puede pensar (...). Indudablemente, hay un proceder que es cuestionable desde un punto de vista ético, ya que a la larga significa mentir o esconder parte de los ingresos con los que cuenta la familia afectada. Esta situación es aún más grave si es promovida por un funcionario municipal”.
En esa línea, sostiene que las instituciones públicas “no cuentan con suficientes herramientas para prevenir y corregir situaciones así, lo que entorpece el fin último, que es que el Estado de Chile llegue con respuestas oportunas a problemas públicos y a ciertas catástrofes. Los incendios de Viña cumplen un año y hoy muestran la peor cara del Estado por su excesiva lentitud”.
Aun así, el economista y experto en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Slaven Razmilic, sostiene al medio que “desde siempre los instrumentos de focalización han sido vulnerables a este tipo de prácticas. Lo fueron en los ochenta y noventa, con la ficha CAS, posteriormente con la Ficha de Protección Social y en la actualidad, con el Registro Social de Hogares. El diseño de programas públicos debiese tener esto en consideración”.
La académica de la Universidad San Sebastián, Aylinee Carter, sostuvo al citado medio que los beneficios consideran varios factores para asignar un puntaje, “en casos de separación efectiva o divorcio, se reconfigura la composición de las familias y, a veces, se modifican los ingresos totales. Eso puede, en ciertos casos, cubrir varias necesidades y potenciales ayudas, como por ejemplo, subsidios habitacionales, bonos para jefas de hogar, apoyos a la infancia u otros”.
Por lo tanto, si bien, estas tácticas podrían ser efectivas en algunos casos, específicamente en catástrofes no se considera este registro, por lo que estas acciones no operan con los resultados esperados. En este caso, el marido de Marlene poseería una segunda vivienda, por ello, no se considera a la familia como prioritaria.
