⁠Inmobiliaria chilena al borde de la quiebra por juicio de polémico edificio: Gastos superan los $4 mil millones

La edificación lleva más de tres años terminada, sin embargo, no se ha podido vender ninguna propieadad.

Edificio. La inmobiliaria acusa trabas administrativas que le han impedido vender las 553 unidades del proyecto, generando millonarias pérdidas. (Linkedin)

La Inmobiliaria Federico Scotto SpA, ligada al grupo Biba, atraviesa una grave crisis financiera luego de no poder obtener la recepción definitiva de un edificio, el cual ya está finalizado en la comuna de Estación Central.

La empresa presentó un recurso de amparo económico ante la Corte Suprema contra la Municipalidad y la Seremi de Vivienda, acusando que se impidió ejercer su actividad económica.

Cabe destacar que, el edificio Federico Scotto, ubicado en Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 3837, se terminó en enero de 2022, por lo que lleva más de tres años sin poder ser comercializado, lo que ha derivado en millonarias pérdidas para la compañía.

El retraso en la recepción definitiva del edificio ha puesto en jaque la viabilidad económica de la empresa,
Edificio.El retraso en la recepción definitiva del edificio ha puesto en jaque la viabilidad económica de la empresa,

Estos son los detalles de la crisis financiera de la inmobiliaria

Según información recabada por el Diario Financiero, la inmobiliaria, la imposibilidad de vender las 398 viviendas y las 155 habitaciones del apart hotel construidas ha significado un costo financiero que supera las 106.377 UF, es decir, más de $4.160 millones.

La empresa afirma que este es su único activo y que, sin la recepción definitiva, no pueden generar ingresos para responder a sus acreedores.

A pesar de contar con dictámenes favorables de la Contraloría y del propio Minvu, acusan que el proceso ha sido bloqueado por decisiones administrativas cuestionables, lo que los mantiene en un escenario que califican como cercano a la liquidación concursal.

Ante la falta de alternativas legales efectivas, aseguran que negarles el amparo económico sería, en los hechos, “condenarlos a su muerte mercantil”.