Solamente en la Región Metropolitana de Santiago, a febrero del 2025 hay contabilizadas 82.526 personas deudoras de pensión de alimentos. Esto significa una importante alza en el Registro Nacional creado a partir de la normativa.
La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Ana Raquel Martínez Chamorro dijo a Emol: “Según los datos expuestos, el 96 por ciento de personas ingresadas en este registro corresponde a hombres. Esto grafica el nivel de abandono parental existente en nuestro país y cómo la Ley de Responsabilidad Parental, y pago efectivo de pensiones puede ser un mecanismo seguro y oportuno para lograr saldar esa deuda histórica con niñas, niños y mujeres”.
En ese sentido, sumó que “esta legislación va de la mano de un cambio cultural urgente como lo es la promoción del cumplimiento de las responsabilidades alimentarias y el interés superior de niñas, niños y adolescentes de nuestro país”.
¿Cómo realizar la consulta del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos?
Para consultarlo, los pasos a seguir son:
Personas naturales
- Entrar a la página del Registro Civil.
- Pulsar en “Personas habilitadas con Clave Única”.
- Buscar la opción “Antecedentes”.
- Verás diferentes opciones, pero deberás presionar en “Certificado General Deuda de Alimentos”.
- Ingresar el RUN y Clave Única.
- Seguir las instrucciones allí señaladas.
Instituciones
- Entrar al sitio del Registro Civil.
- Pulsar en “Instituciones enroladas”.
- Ingresar el usuario y contraseña para continuar.
- Seguir los pasos que allí figuran.
¿Quiénes pueden hacerlo?
Esta es una base de datos digital donde figuran personas que adeudan tres meses consecutivos o cinco meses discontinuos del pago de la pensión alimenticia, obligatoria por una resolución judicial.
El acceso al registro es completamente gratuito, disponible para individuos habilitados. Es decir, puede ser consultado por el deudor o la deudora, así como por la persona beneficiaria o su representante legal.
No obstante, también tienen acceso: tribunales de familia con competencia en asuntos de familia, órganos de administración del Estado y entidades públicas, toda entidad o persona con obligación de consulta de acuerdo con lo determinado por la ley.
