La contundente respuesta del Ministro Cordero a presos de Punta Peuco

“Es evidente para nosotros que hay información en manos de esas personas, que sería conveniente por el bien del país, de las familias y probablemente de su propia consciencia, que la pudieran entregar

Luis Cordero. La respuesta del ministro se da tras la carta que dio a conocer el diputado De la Carrera. (ATON)

La carta escrita por los oficiales internos de Punta Peuco donde solicitaron “la conmiseración del poder político y judicial” para suboficiales y soldados y en la que reconocieron la violación a los derechos humanos, tuvo una rápida respuesta de parte del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero,

El documento que leyó este martes el diputado republicano Gonzalo de la Carrera, fue firmado por 27 internos del penal y en él además pidieron “apoyo y comprensión” a la sociedad civil y la liberación de los subalternos.

Sobre el documento, el titular de la cartera de Justicia explicó que la importancia es que “lo afirma un grupo de personas que, si bien en el pasado negaron violaciones a los derechos humanos, en esta carta señalan que si existieron”.

“Es evidente para nosotros que hay información en manos de esas personas, que sería conveniente por el bien del país, de las familias y probablemente de su propia consciencia, que la pudieran entregar”, agregó.

El diputado republicano leyó la carta en el Congreso.
El diputado republicano leyó la carta en el Congreso.

La contundente respuesta de Cordero a presos de Punta Peuco

Consultado por la opción de beneficios y si el Ejecutivo está abierto a esa postura, Cordero respondió que el Gobierno “no tiene ninguna iniciativa sobre ese punto y cualquier efecto de sus declaraciones están en el contexto de las indagaciones judiciales”.

“Lo relevante por ahora es que es una carta que nosotros reconocemos como una declaración explícita de violación de Derechos Humanos”, añadió.

Mientras que en relación a posibles modificaciones normativas, Cordero indició que “en materia de indultos, la doctrina del Gobierno es que los delitos de lesa humanidad no son indultables”.

Y “cualquier otra modificación sobre beneficios penitenciarios son un mecanismo que requiere modificación legal o reglamentaria”, cerró Cordero.